Las personas más vulnerables a la trata incluyeron miembros de la comunidad LGBTQI+, niñas, discapacitados, madres solteras, indígenas y migrantes
Por Carolina Barrios y Parker Asmann
Ciudad de México, 22 de agosto (InSight).- La cantidad de víctimas de trata de personas en México va en aumento, mientras los traficantes tienen puestos sus ojos en grupos vulnerables duramente golpeados por la pandemia de COVID-19.
Las autoridades mexicanas identificaron al menos a 550 víctimas de trata de personas en 2020, lo que representa un aumento del 43 por ciento con respecto a las 383 víctimas registradas en 2016, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), incluidos en un informe publicado por Hispanics in Philanthropy (HIP), organización no gubernamental enfocada en los problemas más apremiantes de toda América Latina y el Caribe. Este informe sobre trata de personas se publica cada cuatro años.
Una de las principales formas de tráfico descritas fue la explotación sexual de mujeres y menores de edad. Por otro lado, los hombres y jóvenes fueron inducidos al trabajo forzado en los sectores de minería y construcción y las mujeres fueron obligadas a trabajar en el servicio doméstico. Menores entre cinco y doce años fueron víctimas de abuso sexual y pornografía, y fueron forzados a mendigar para otros.
Las personas más vulnerables a la trata incluyeron miembros de la comunidad LGBTQI+, niñas, discapacitados, madres solteras, indígenas y migrantes, entre ellos los desplazados internos y otros que migran a través de la región, según señaló el informe.
México tiene una de las tasas más altas del mundo para trata de personas. Entre 2015 y abril de 2021, se denunciaron más de 2 mil 800 casos de víctimas de trata. Y si los casos registrados durante los primeros cuatro meses de este año continúan al mismo ritmo, México terminará 2021 con un saldo superior a las 650 víctimas, más que en cualquier año del último sexenio, advirtió el informe.
Sin embargo, es casi seguro que estas cifras se quedan cortas. Muchos casos no son denunciados por diversas razones, como la falta de confianza en las autoridades y el miedo a ser asesinado por denunciar. La violencia contra las mujeres en México ha aumentado sustancialmente junto con la trata de personas en los últimos años, con un récord de 977 feminicidios registrados en 2020.
El informe señala que la región central de México fue la más afectada por la trata de personas, aunque los estados de Chiapas y Oaxaca, al sur del país, también registraron unas de las tasas más altas de este flagelo. El informe también destaca el corredor Puebla-Tlaxcala, la Ciudad de México y el estado de Veracruz como puntos críticos para la trata de personas.
La explotación sexual, la prostitución forzada y el trabajo forzoso fueron algunas de las formas más comunes de trata de personas mencionadas por los autores del informe. En 2020, se registraron víctimas de este tipo de delitos en 126 municipios y en 25 de los 31 estados de México, en comparación con 18 estados en 2017.
“La problemática de la trata de personas se ha complejizado aún más con la crisis sanitaria actual”, concluye el informe. Los autores también señalan que la creciente presencia de grupos del crimen organizado, los vínculos entre funcionarios y actores criminales, la impunidad rampante y la falta de atención gubernamental han creado “mayores condiciones para que la trata de personas aumente”.
ANÁLISIS DE INSIGHT CRIME
Las organizaciones criminales involucradas en la trata de personas están aprovechando las condiciones de la pandemia en México de dos formas.
En primer lugar, la pandemia, que ha arrastrado a millones de personas de todo México a la pobreza, ha “exacerbado las vulnerabilidades de muchas personas frente a la trata” y “aumentado el número de personas propensas a la explotación”, como se lee en el Informe de Trata de Personas (Trafficking in Persons, TIP) publicado en 2021 por el Departamento de Estado de Estados Unidos.
En segundo lugar, México ha fallado en el combate a los tratantes de personas.
“Durante la pandemia de COVID-19 ha habido una disminución en el interés y la atención a la trata de personas, lo que ha permitido que los grupos dedicados a este crimen se reorganicen y operen con más libertad y menos escrutinio por parte de las fuerzas del orden”, afirmó Guadalupe Correa-Correa, experta en trata de personas y crimen organizado en México, en entrevista con InSight Crime.
Las mujeres y menores migrantes que atraviesan México en camino hacia Estados Unidos son especialmente vulnerables a la trata de personas.
Por otro lado, los mexicanos son presa de los tratantes cerca de sus lugares de domicilio. Un análisis sobre trata de personas realizado en 2019 por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señalaba que, entre 2012 y 2017, el 84 por ciento de las víctimas de trata de personas fueron ciudadanos mexicanos, y más de la mitad fueron sometidos a la trata en el mismo estado en el que residían.
Para colmo de males, según funcionarios estadounidenses, desde 2014 el Gobierno mexicano ha “incumplido repetidamente los estándares mínimos para eliminar la trata”.
El informe de HIP agrega que “no parece haber un punto de encuentro para el tratamiento del problema”, ya que la trata de personas recibe “poca atención” en la agenda nacional, y la “ausencia de políticas públicas genera desconcierto” entre los grupos de la sociedad civil y otros interesados en enfrentar el flagelo.
“Cuando se tiene una estrategia integral, se hace un trabajo coordinado con diferentes ministerios, fiscales e investigadores, así como con organizaciones no gubernamentales”, señaló Correa-Correa. “Pero en México no hay coordinación, porque no hay una estrategia gubernamental ni un enfoque centrado en las víctimas para combatir el problema”.
Incluso los funcionarios gubernamentales colaboran con los cabecillas de esos grupos, y han llegado a tomar parte directamente en la trata. Además, funcionarios de inmigración corruptos han falsificado documentos para las redes criminales o han aceptado sobornos para facilitar el ingreso ilegal de víctimas al país, como consta en el informe de la CNDH.
El Departamento de Estado halló que el gobierno mexicano “no enjuició ni condenó a ningún funcionario por complicidad en delitos de trata” en 2020.
Aun cuando se persigan las redes de trata de personas, los cabecillas de estas redes por lo general quedan inermes, mientras que los integrantes rasos —que a su vez pueden ser ellos mismos víctimas de trata— son quienes por lo general terminan en prisión, observó Correa-Correa.
